Durante décadas, el problema de la salud pública en México fue tratado como una fatalidad administrativa: faltaban medicinas, los pacientes salían con receta en mano y las familias terminaban comprando en farmacias privadas lo que el sistema público no les entregaba.
Pero esa “normalidad” nunca fue inocente.
Detrás del desabasto había un modelo de negocio. Un esquema donde el Estado compraba caro, dependía de unos cuantos proveedores, normalizaba la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, y empujaba a las familias a pagar dos veces: primero con sus impuestos y después en el mostrador de una farmacia.
Hoy, cuando el país vuelve a hablar de inversión farmacéutica, producción nacional de medicamentos y soberanía sanitaria, conviene poner las cosas en contexto. Porque lo que está ocurriendo ahora no se compara con lo que existía antes de la Cuarta Transformación.
El reciente anuncio de inversiones farmacéuticas por más de 21 mil millones de pesos debe leerse en esa clave: México busca fortalecer la producción nacional de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos e insumos para la salud. No se trata solamente de atraer inversión o inaugurar plantas. Se trata de recuperar capacidad nacional, reducir dependencia externa y cerrar el paso a los viejos intermediarios que durante años hicieron del medicamento un negocio redondo.
Eso es soberanía farmacéutica: que el Estado mexicano pueda comprar mejor, producir más, negociar con fuerza y garantizar que la medicina llegue al paciente sin pasar por una cadena de coyotes, distribuidores inflados y grupos políticos acostumbrados a vivir del presupuesto público.
Para entender por qué esto incomoda tanto, hay que regresar al viejo modelo.
Durante los gobiernos del viejo régimen, particularmente en los años de Calderón y Peña Nieto, la compra pública de medicamentos se concentró en un número reducido de empresas. No era un mercado abierto, transparente y competitivo. Era un sistema donde ciertos proveedores acumulaban contratos multimillonarios y el Estado terminaba dependiendo de ellos para abastecer hospitales, clínicas e instituciones públicas.
Uno de los casos más citados es el de Fármacos Especializados, empresa señalada en investigaciones periodísticas como una de las grandes beneficiarias de las compras públicas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La lógica era sencilla: pocos proveedores, mucho dinero público y un sistema sanitario condicionado por quienes controlaban la distribución.
A esa concentración se sumó otra realidad conocida por millones de usuarios: la receta sin medicina. La escena se repetía en distintas partes del país. El paciente acudía a una unidad médica pública, esperaba consulta, recibía un diagnóstico y salía con una receta que no podía surtirse ahí porque “no había medicamento”.
Y afuera, casualmente, había farmacias privadas listas para vender el genérico, el antibiótico, el analgésico o el tratamiento que el sistema público no entregaba.
No siempre existen expedientes públicos que prueben, caso por caso, quién era dueño de cada farmacia ni qué funcionario se beneficiaba de ese circuito. Pero sí hay una práctica ampliamente denunciada y vivida por la ciudadanía: el desabasto público empujaba al gasto privado. Y cuando el Estado fallaba, alguien hacía negocio.
Ese fue uno de los grandes crímenes políticos del viejo sistema: convertir la receta médica en un pase de salida hacia la farmacia privada.
Por eso no basta con hablar del desabasto como si fuera un accidente. El desabasto también puede ser negocio. Cuando una institución no entrega medicamentos, alguien más los vende. Cuando el paciente pierde tiempo, alguien gana dinero. Cuando el médico dice “no hay”, la farmacia de enfrente se convierte en extensión informal del sistema de salud, pero cobrando de contado.
Ese modelo fue cómodo para distribuidores, intermediarios, funcionarios omisos y grupos políticos que entendieron la salud pública como un embudo: presupuesto público por arriba, gasto familiar por abajo.
La 4T llegó a romper esa lógica. No sin errores, no sin tropiezos y no sin problemas reales de distribución que deben reconocerse. Pero el punto de fondo fue correcto: el gobierno mexicano no podía seguir obligado a comprarle a los mismos de siempre.
Por eso fue relevante la reforma de 2020 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Antes, el margen del gobierno para comprar medicamentos e insumos médicos mediante mecanismos internacionales era mucho más limitado. En los hechos, el Estado estaba atrapado entre proveedores nacionales dominantes, distribuidores con poder acumulado y farmacéuticas capaces de imponer condiciones.
La reforma abrió la puerta para adquirir medicamentos, vacunas e insumos médicos a través de organismos internacionales. Esa decisión permitió explorar rutas de compra fuera del circuito tradicional que durante años controló buena parte del mercado.
La experiencia con UNOPS tuvo críticas y también resultados que deben ponerse completos sobre la mesa. Hubo señalamientos sobre logística, tiempos y operación; pero Naciones Unidas también reportó beneficios económicos por alrededor de 10 mil millones de pesos para el gobierno mexicano. Es decir, cuando se abrió la competencia y se rompieron inercias, quedó claro que el viejo sistema no necesariamente compraba mejor: compraba cómodo para unos cuantos.
La discusión honesta debe reconocer los problemas actuales, pero también exhibir el negocio anterior. Porque una cosa es exigir que haya medicinas en clínicas y hospitales, y otra muy distinta es utilizar el dolor de los pacientes para defender, de manera disfrazada, el viejo monopolio de proveedores.
Ahí está el punto que muchos quieren esconder.
¿Quién ganaba cuando el gobierno compraba caro?
¿Quién ganaba cuando pocas empresas concentraban contratos?
¿Quién ganaba cuando el paciente salía del hospital sin medicina?
¿Quién ganaba cuando las farmacias privadas crecían alrededor de las unidades médicas públicas?
¿Quién ganaba cuando el presupuesto de salud terminaba alimentando redes empresariales vinculadas a la política?
La respuesta no está en la propaganda. Está en los contratos, en las investigaciones periodísticas, en las sanciones administrativas y en la memoria de los pacientes.
PiSA, Dimesa, Fármacos Especializados y otros grandes jugadores del sector no fueron nombres menores. Formaron parte de un ecosistema económico alrededor de la salud pública. Algunos fueron sancionados, otros señalados, otros siguieron obteniendo contratos aun después de cuestionamientos. Eso demuestra que el problema no se resuelve con discursos, sino con reglas claras, producción nacional, competencia real, vigilancia sanitaria y capacidad pública de distribución.
Por eso la soberanía farmacéutica no es una frase de coyuntura. Es una disputa por el dinero, por el abasto y por el derecho a la salud.
Y en esa disputa también entra la batalla mediática.
Latinus ha construido parte de su línea editorial golpeando al sistema público de salud durante los gobiernos de la 4T. Criticar fallas de abasto es válido y necesario cuando se hace con datos, con responsabilidad y con los pacientes al centro. Lo que no puede ignorarse es que investigaciones periodísticas han señalado vínculos empresariales entre el entorno de la familia Madrazo, negocios relacionados con servicios e insumos de salud y el financiamiento de Latinus.
Ahí hay una contradicción política que debe señalarse: actores asociados al viejo régimen aparecen hoy como jueces morales del sistema de salud, mientras omiten hablar del negocio privado que por años creció alrededor del presupuesto público.
No se trata de negar los problemas actuales. Sí ha habido fallas de compra, distribución, planeación y entrega. Sí hay pacientes que todavía enfrentan falta de medicamentos. Sí debe exigirse que cada peso invertido se traduzca en recetas surtidas, hospitales abastecidos y atención oportuna.
Pero tampoco se vale fingir que antes todo funcionaba.
Antes de la 4T, el sistema estaba diseñado para que unos cuantos ganaran siempre. Ganaban cuando vendían al gobierno. Ganaban cuando el gobierno no entregaba. Ganaban cuando el paciente terminaba comprando afuera. Ganaban cuando el presupuesto público no resolvía el derecho a la salud, pero sí alimentaba cadenas privadas de distribución.
Lo que se está haciendo hoy es distinto y, en términos de rumbo, es correcto: comprar de forma más abierta, fortalecer la producción nacional, atraer inversión farmacéutica, reducir dependencia, transparentar procesos y construir capacidad pública. Falta mucho, sí. Pero la dirección no se parece al viejo modelo de privilegios.
La inversión farmacéutica anunciada para México debe verse como una pieza de ese cambio. Si el país produce más, negocia mejor y fortalece su industria, tendrá más margen para garantizar abasto, reducir costos y enfrentar presiones de mercado. Esa es una ruta de Estado, no un capricho político.
La pregunta es si los intereses afectados van a permitirlo sin guerra mediática.
Todo indica que no.
Los mismos grupos que callaron ante los contratos concentrados hoy se rasgan las vestiduras por cada intento de reorganizar el sistema. Los mismos que normalizaron farmacias llenas afuera de hospitales vacíos hoy se presentan como defensores de los pacientes. Los mismos que hicieron del presupuesto público un negocio ahora atacan cualquier proyecto de soberanía farmacéutica.
La gente debe saberlo: cuando se habla de medicamentos no solo se habla de salud. Se habla de poder. Se habla de dinero. Se habla de quién controla la compra, la producción, la distribución y la narrativa.
México necesita medicinas, sí. Pero también necesita memoria.
Porque sin memoria, los responsables del saqueo se disfrazan de críticos. Sin memoria, los beneficiarios del viejo negocio aparecen como opinadores neutrales. Sin memoria, los mismos que lucraron con el desabasto terminan dando clases de administración pública.
La soberanía farmacéutica debe medirse con resultados concretos: medicinas en clínicas, recetas surtidas, hospitales abastecidos, compras transparentes y producción nacional fortalecida. Pero también debe defenderse frente a quienes quieren regresar al modelo donde unos cuantos vendían, otros callaban y el pueblo pagaba.
La salud no puede seguir siendo negocio de coyotes ni botín de partido.
La medicina debe estar donde debe estar: en las unidades médicas públicas, en manos de los pacientes y bajo responsabilidad del Estado.
Eso es soberanía farmacéutica.
Y por eso les incomoda tanto.