En medio de la discusión pública sobre la Ley de Aguas Nacionales, han surgido diversas afirmaciones por parte de la oposición que no corresponden con el texto legal ni con los datos disponibles. Tras un amplio diálogo con productores, empresarios, académicos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento realizó ajustes responsables y transparentes al dictamen original, preservando el sentido social y económico de la norma.
Entre las principales modificaciones se destacan:
- Claridad conceptual de las reasignaciones: Se definió con precisión el concepto de “reasignación”, vinculándolo con el fondo de reserva y estableciendo procedimientos claros para asignar volúmenes de agua. Esto evita ambigüedades y asegura una coordinación efectiva entre autoridades y usuarios.
- Uso agropecuario familiar: Se incorporó esta categoría para reconocer la producción agrícola y pecuaria de pequeña escala orientada al sostenimiento familiar, diferenciándola de la actividad comercial o industrial.
- Seguridad hídrica: La ley no contempla la reducción automática de volúmenes por seguridad hídrica; la disminución o cancelación de concesiones debe estar fundamentada legalmente.
- Fortalecimiento institucional: Se reincorporó el Órgano Interno de Control y se aclaró la facultad de los Organismos de Cuenca para expedir títulos y resolver trámites, reduciendo la discrecionalidad.
- Registro Público Nacional del Agua (RENA): Mantiene su carácter público y se amplía la inscripción de padrones de núcleos agrarios y sistemas comunitarios de agua, garantizando transparencia y acceso ciudadano.
- Ampliación de plazos y criterios de prórroga: Se aumentaron de uno a dos años los plazos para solicitar prórrogas, considerando la responsabilidad hídrica y el cumplimiento de obligaciones fiscales respecto al pago de derechos de agua.
- Reasignación de volúmenes y priorización de usos: Se establecen procedimientos claros para la reasignación, privilegiando usos que beneficien el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional.
Estas modificaciones buscan fortalecer la gestión sostenible del agua, garantizar derechos y mejorar la operatividad del marco jurídico, desmintiendo así los argumentos de quienes aseguran que la ley reduce el acceso al agua o privatiza el recurso.
El dictamen aprobado por la Comisión ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y refleja un esfuerzo de transparencia, técnica legislativa y enfoque social, asegurando que el agua siga siendo un recurso indispensable para la vida y para la actividad productiva en todo el país.