Ciudad de México. Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reforma constitucional que aplaza la siguiente elección judicial de 2027 al primer domingo de junio de 2028.
La votación registró 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, con lo que el bloque mayoritario logró avanzar en una de las modificaciones constitucionales más relevantes en materia electoral y judicial. El dictamen también establece que la revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del año que corresponda, de manera coincidente con jornadas electorales federales o locales.
La reforma deriva del análisis de una iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de diversas propuestas presentadas por legisladoras y legisladores de Morena, PAN y MC. El documento reforma y adiciona disposiciones de los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución Política.
Entre los cambios planteados se encuentra el fortalecimiento de los Comités de Evaluación, los cuales serán integrados por cada Poder con cinco personas reconocidas en la actividad jurídica. Además, se contempla la creación de una Comisión Coordinadora, encargada de verificar requisitos, establecer criterios homologados de evaluación, selección y exámenes de conocimientos para las personas aspirantes a cargos judiciales.
El dictamen también establece que los Comités de Evaluación deberán integrar listados con las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo y posteriormente depurarlos mediante insaculación pública, hasta ajustarlos a dos personas por cargo, observando criterios de paridad de género.
En materia electoral, el Instituto Nacional Electoral deberá dividir cada circuito judicial en los distritos judiciales necesarios para que la ciudadanía pueda elegir una candidatura por especialidad. Las boletas deberán distinguir al Poder postulante, las especialidades correspondientes y los nombres completos de las personas candidatas.
De acuerdo con el régimen transitorio, los cargos de personas juzgadoras federales y locales que no hayan sido renovados en la elección judicial de 2025, así como las vacantes correspondientes, deberán elegirse sin excepción en las elecciones judiciales federales y locales de 2028.
Asimismo, las personas juzgadoras cuyo encargo concluiría en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, año en que tomarán protesta quienes resulten electas. La jornada electoral judicial federal y local se celebraría de forma coincidente el primer domingo de junio de 2028.
La argumentación del dictamen señala que en 2027 coincidirían elecciones federales, locales y del Poder Judicial en prácticamente todo el país, lo que implicaría retos normativos, operativos, logísticos, tecnológicos y presupuestales. Por ello, se propone modificar la fecha de la elección judicial para permitir una mejor planeación institucional, operativa y presupuestal.
Tras la votación en lo general, la Mesa Directiva decretó un receso para continuar con la discusión en lo particular.