A tan solo cien días de haber asumido la presidencia, Donald Trump ha provocado un giro drástico en la política migratoria de Estados Unidos, marcando una ruptura con décadas de enfoques anteriores. Su administración ha intensificado las acciones contra la migración irregular, dejando una estela de imágenes impactantes que muestran detenciones masivas, redadas en comunidades y deportaciones rápidas.
La Casa Blanca ha defendido estas medidas como necesarias para restablecer el orden y reforzar la seguridad fronteriza. No obstante, el uso de leyes antiguas —algunas con más de dos siglos de antigüedad— para justificar ciertas acciones ha generado preocupación entre expertos legales y defensores de los derechos humanos, quienes denuncian una regresión en materia de libertades civiles.
Organizaciones civiles advierten que el endurecimiento de las políticas no solo afecta a quienes cruzan la frontera, sino también a familias ya establecidas en el país, que ahora viven bajo una creciente incertidumbre. Mientras tanto, desde el gobierno se insiste en que estas acciones buscan desalentar la migración irregular y priorizar la ley y el orden.
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la implementación de protocolos que permiten expulsiones inmediatas sin la mediación de un juez de inmigración, así como el aumento del poder discrecional de los agentes fronterizos. Estas políticas han recibido críticas tanto a nivel nacional como internacional, mientras grupos proinmigrantes intensifican sus esfuerzos legales y de protesta para frenar lo que consideran una ofensiva sistemática contra los derechos de los migrantes.