Madrid (Europa Press).- El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles que ha ordenado a las fuerzas de seguridad del país distribuir por todo el territorio nacional carteles de «se busca» contra siete expresidentes latinoamericanos. Los exmandatarios están acusados por el gobierno venezolano de conspirar contra la paz del país, en relación con su apoyo al excandidato opositor Edmundo González, quien tomará posesión como presidente el próximo 10 de enero de 2025.
Durante su intervención en la cadena estatal VTV, Cabello precisó que los carteles serán colocados en puertos, aeropuertos, calles, alcabalas y avenidas. Los siete expresidentes señalados son Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá) y Jamil Mahuad (Ecuador). El gobierno de Venezuela los acusa de «conspiración» y de ser «cómplices en actos terroristas», calificándolos de «delincuentes» por presuntamente intentar desestabilizar el país.
Los carteles que Cabello mostró durante la transmisión televisiva señalan a los exmandatarios como responsables de «atentar contra la paz de Venezuela». La medida llega tras la reciente declaración de la Asamblea Nacional, que declaró a estos nueve expresidentes (incluyendo a Jorge Quiroga de Bolivia y Laura Chinchilla de Costa Rica) como «personas non grata» por sus declaraciones sobre su intención de asistir a la toma de posesión presidencial de González.
Cabello también advirtió a los exmandatarios que, si deciden violar el espacio aéreo de Venezuela, podrían enfrentar un «gravísimo riesgo». «Les recomiendo que no se pongan a inventar. Aquí les tendremos un recibimiento que se merece a cualquier invasor que trate de poner un pie en Venezuela», dijo, subrayando el tono de confrontación.
Este anuncio refleja una creciente tensión política en Venezuela, en medio de las disputas internas sobre la legitimidad del gobierno y las presiones internacionales que recibe el régimen de Nicolás Maduro. La situación genera preocupación en la comunidad internacional sobre las posibles repercusiones para la diplomacia y los derechos humanos en la región.