El gobierno del expresidente Donald Trump ordenó la transferencia de una franja de tierra federal ubicada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México al control del Departamento de Defensa. Esta zona, conocida como la Reserva Roosevelt, será operada por el Ejército estadounidense como parte de una instalación militar, lo que permitirá a las tropas detener a personas que ingresen sin autorización, incluyendo a migrantes.
Según funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, la medida busca sortear restricciones legales impuestas por la Ley Posse Comitatus, la cual prohíbe a las fuerzas armadas realizar tareas de aplicación de la ley dentro del territorio nacional. Al convertir esta área en parte de una base militar, se permitiría que el Ejército proporcione seguridad sin violar dicha ley.
La Reserva Roosevelt es una franja de 60 pies (18.2 metros) de ancho que se extiende desde Nuevo México hasta California, exceptuando territorios tribales y tierras privadas. Tradicionalmente, ha estado bajo la administración del Departamento del Interior, pero un memorando presidencial publicado un viernes por la noche ordenó su traspaso al Departamento de Defensa.
Durante un periodo de prueba de 45 días, el Ejército comenzará a operar en una sección de la reserva ubicada en Nuevo México, cerca de Fort Huachuca, una instalación militar en Arizona. Las labores incluirán la instalación de cercas adicionales y señales que prohíban el ingreso no autorizado. En caso de detectar personas en esta zona sin permiso, las fuerzas de seguridad militar podrán detenerlas y entregarlas a las autoridades civiles correspondientes.
Actualmente, hay alrededor de 7,100 soldados en servicio activo desplegados en la frontera bajo control federal, además de 4,600 miembros de la Guardia Nacional bajo control estatal. No se ha especificado si esta nueva medida requerirá el envío de tropas adicionales.
Expertos en derecho constitucional y poderes presidenciales, como Elizabeth Goitein del Brennan Center for Justice, advierten que esta acción probablemente enfrentará impugnaciones legales. Señalan que, aunque técnicamente las tropas estarían operando en instalaciones militares, su objetivo principal parece ser la seguridad fronteriza, lo que podría contradecir las leyes vigentes. La llamada “doctrina de propósito militar” permite ciertas excepciones, pero solo cuando las tareas de seguridad no tienen como fin principal la aplicación de la ley civil.