Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Cuatro cabos del Ejército Mexicano fueron condenados a 40 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en la masacre de cinco jóvenes en esta ciudad fronteriza. El Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia tras determinar que los militares cometieron homicidio calificado en contra de las víctimas, quienes fueron asesinadas a sangre fría sin justificación alguna.
Los cabos sentenciados son Juan Carlos, Agustín, Bernardo y Jorge, pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada, quienes actualmente se encuentran bajo custodia en el Campo Militar Número 1, custodiados por la Guardia Nacional, mientras se resuelve su sentencia definitiva.
De acuerdo con un comunicado del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, los jóvenes estaban celebrando en una discoteca de Nuevo Laredo el embarazo de uno de ellos, Gustavo Ángel Suárez Castillo. Al terminar la celebración y dirigirse a sus hogares, fueron perseguidos por al menos tres vehículos del Ejército, que los acribillaron en el crucero de las calles Méndez y Huasteca, una de las zonas más populares de la ciudad.
En el ataque murieron Gustavo Suárez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez. Solo Alejandro y Gerardo sobrevivieron a los disparos.
El Comité de Defensa de los Derechos Humanos no solo celebró la condena, sino que también hizo un llamado a la presidenta de México, Andrés Manuel López Obrador, para que destituya al comandante de la Guarnición de la Plaza, Miguel Ángel Ramírez Canchola, quien se encuentra involucrado en el caso.
A lo largo del proceso judicial, las familias de las víctimas y organismos de derechos humanos han señalado la gravedad del caso, subrayando la impunidad que históricamente ha caracterizado a las fuerzas armadas en situaciones similares. Las evidencias presentadas en el juicio, como testimonios de testigos y pruebas forenses, confirmaron que los jóvenes no representaban ningún tipo de amenaza, lo que ha generado indignación tanto a nivel local como nacional.
Este fallo judicial es considerado un paso importante para que se haga justicia en este tipo de casos, donde las víctimas han sido objeto de abuso por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos insisten en que se deben tomar medidas adicionales para garantizar que no se repitan hechos similares y que los responsables sean plenamente rendidos ante la justicia.
