La empresa Movistar México, filial de la multinacional española Telefónica, estuvo a punto de recibir un millonario perdón fiscal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual ascendía a nada menos que 4 mil 442 millones de pesos. Sin embargo, un sorpresivo giro frenó esta decisión que se gestaba sin discusión pública ni transparencia.
Todo parecía avanzar en lo que especialistas han calificado como una “votación fast track”, hasta que la ministra Lenia Batres Guadarrama, nombrada recientemente por el presidente López Obrador, rompió el quórum constitucional necesario y detuvo la sesión en protesta por la falta de debate público sobre el caso.
¿Por qué debía pagar Movistar?
El litigio se refiere a una disputa de impuestos federales no cubiertos, relacionados con operaciones comerciales de Movistar en México. La cifra exacta que la empresa debía al Servicio de Administración Tributaria (SAT) es de $4,442,411,000 pesos, según fuentes judiciales.
Movistar habría estado intentando cancelar la deuda mediante un amparo, el cual escaló hasta la Corte. Todo indica que la mayoría de ministros estaban listos para fallar a su favor, lo que habría generado un importante precedente para otras grandes empresas con adeudos fiscales.
Lenia Batres: una postura firme
Durante la sesión, la ministra Batres expresó que un fallo de este tipo debía ser ampliamente debatido y con plena rendición de cuentas ante la ciudadanía, ya que implicaba una cantidad de recursos que bien podrían utilizarse en salud, educación o infraestructura pública.
“No estoy de acuerdo en regalarle el dinero del pueblo a una empresa multimillonaria, sin una discusión abierta y clara”, señaló Batres en sus redes sociales, lo cual provocó apoyo desde sectores sociales, así como críticas desde el empresariado.
¿Y ahora qué sigue?
Con la suspensión del proceso por falta de quórum, el caso de Movistar queda temporalmente en pausa, pero se espera que sea reprogramado. La presión pública, sin embargo, ha elevado la exigencia de que cualquier resolución se haga con total transparencia y garantizando que no se favorezcan intereses privados sobre el interés nacional.
Este episodio revive el debate sobre los privilegios fiscales de las grandes corporaciones en México y el papel de la Suprema Corte en su regulación.