El gobierno de México anunció su intención de solicitar formalmente la extradición de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, así como la de su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten cargos por corrupción y lavado de dinero en territorio nacional.
La medida se produce tras la condena de García Luna en una corte estadounidense por su vínculo con el narcotráfico, sin embargo, el gobierno mexicano busca que el exfuncionario responda también ante la justicia mexicana por procesos judiciales pendientes relacionados con desvío de recursos públicos.
UIF: aún debe rendir cuentas en México
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, explicó que la extradición sigue siendo procedente pese a que García Luna ya se encuentra preso en Estados Unidos.
“Una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo y en ese momento se aplicaría la extradición. El hecho de que García Luna esté detenido no impide que sea requerido por la justicia mexicana”, puntualizó.
Acusaciones por más de 745 millones de dólares
La UIF acusa a García Luna de haber encabezado una red de corrupción y lavado de dinero que desvió cerca de 745.9 millones de dólares a través de contratos gubernamentales fraudulentos durante su tiempo al frente de la seguridad del país.
Asimismo, su esposa Linda Cristina Pereyra está señalada como parte activa en este esquema y también enfrentará una solicitud de extradición inmediata, según confirmó Gómez.
Demandas civiles y recuperación de bienes
De forma paralela, el gobierno mexicano interpuso una demanda civil en Florida para recuperar activos adquiridos con recursos ilícitos, incluyendo propiedades localizadas en Miami. Esta acción ya ha sido admitida por una corte estadounidense, lo que permite a México continuar con el proceso.
Los abogados del gobierno mexicano señalaron ante la Corte del 11° Distrito Judicial en Florida que la falta de respuesta de García Luna y Pereyra a la demanda constituye una admisión tácita de los hechos.
Más implicados buscan acuerdos
En el mismo caso están implicados otros exfuncionarios y empresarios. José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Seguridad Pública, y su esposa acordaron pagar 330 mil dólares como reparación del daño.
Mientras tanto, los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, también señalados en la trama, continúan en negociaciones con autoridades mexicanas.
La jueza encargada del caso, Lisa Walsh, ha instado a todas las partes a avanzar ya sea mediante acuerdos o juicio. Si se aprueba la solicitud de México, se convocará una audiencia para determinar el monto exacto de la reparación del daño y la devolución de los bienes adquiridos ilícitamente.
Este caso representa un paso decisivo del gobierno mexicano en su lucha contra la corrupción, y envía un mensaje claro sobre la rendición de cuentas de los exfuncionarios públicos.