Regidores cuestionaron modificaciones al Programa Anual de Obras, proyectos sin registrar, trabajos iniciados antes de pasar por Cabildo y nuevas partidas para el DIF y el polémico puente de incorporación a la México-Querétaro
Tepotzotlán, Estado de México.- La discusión sobre obra pública volvió a colocar bajo presión a la administración que encabeza María de los Ángeles Zuppa Villegas. Durante una sesión de Cabildo, regidores cuestionaron que se pretendiera modificar el Programa Anual de Obras Públicas sin presentar con claridad los montos totales correspondientes a cada proyecto, además de pedir explicaciones sobre obras que presuntamente no aparecen registradas en los sistemas correspondientes y otras que habrían comenzado antes de ser sometidas al órgano colegiado.
El señalamiento más delicado no radica únicamente en cuánto pretende gastar el Ayuntamiento, sino en con qué información se está pidiendo a los integrantes del Cabildo autorizar modificaciones al gasto público.
De acuerdo con la transcripción de la sesión proporcionada a Mexiquense Noticias, la séptima regidora Beti Sandoval Antonio cuestionó que los anexos de la modificación del Programa Anual de Obras no mostraran los montos totales por obra. También señaló que nuevamente se contemplaban recursos para la remodelación del DIF municipal y para la obra vial conocida como el puente de incorporación a la autopista México-Querétaro.
La integración del Ayuntamiento confirma los cargos de los ediles que aparecen en la discusión: Beti Sandoval es séptima regidora; Pedro Aarón Vargas Castro, sexto regidor; Cynthia del Rivero Gallardo, quinta regidora; Víctor Castro Domínguez es síndico municipal, y Ulises Rangel Baca ocupa la Secretaría del Ayuntamiento.
¿Los montos deben mantenerse “con discreción”?
Uno de los argumentos registrados durante el intercambio fue que, debido a los procedimientos de licitación, ciertos montos tendrían que manejarse con discreción. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente frente a la documentación pública del propio Ayuntamiento.
En modificaciones al Programa Anual de Obras de años anteriores, el mismo gobierno de Tepotzotlán publicó anexos que incluían expresamente columnas de “Presupuesto Anual Autorizado”, “Presupuesto Modificado” y el aumento o disminución correspondiente para cada obra. Es decir, la propia administración ya ha considerado públicamente esos montos como parte natural de la discusión y modificación del programa de obra.
Además, la normativa municipal establece que la Dirección de Obras Públicas es responsable de planear, programar, presupuestar, contratar, ejecutar y controlar la obra pública; también le corresponde elaborar el Programa Anual de Obra y ejecutar trabajos previamente autorizados conforme a la normatividad aplicable.
Por ello, una cosa es proteger información específica durante determinadas etapas competitivas de una licitación y otra muy distinta pretender que el Cabildo vote modificaciones presupuestales sin conocer de manera suficientemente clara cuánto dinero se asigna a cada proyecto.
El Cabildo no es una oficialía de partes. Es precisamente el órgano donde deben discutirse y fiscalizarse las decisiones municipales.
Regidores cuestionan obras sin registrar y trabajos iniciados antes de su aprobación
La discusión fue más allá de los montos.
De acuerdo con el material revisado, Aarón Vargas cuestionó por qué existirían obras que no aparecen capturadas en el sistema correspondiente y por qué habría proyectos iniciados sin haber pasado previamente por Cabildo. Beti Sandoval realizó también señalamientos sobre el registro de obras relacionadas con recursos del FAISMUN; en la transcripción automática aparece una referencia fonética distinta, pero por el contexto presupuestario y de registro de obra pública se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Este punto es relevante porque los Lineamientos del FAIS 2026 establecen obligaciones específicas para municipios respecto de la planeación, captura, seguimiento y comprobación de los proyectos. La normativa federal establece además que esos recursos deben administrarse bajo principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
El Presupuesto de Egresos de la Federación también responsabiliza expresamente a los municipios de la correcta integración de la información técnica, así como del destino, ejercicio, registro y comprobación de los recursos federales transferidos.
Eso no permite concluir, únicamente a partir de la discusión de Cabildo, que exista una irregularidad administrativa consumada. Pero sí obliga al gobierno municipal a explicar con documentos qué obras estaban pendientes de captura, cuáles ya habían iniciado, con qué autorización comenzaron y en qué fecha fueron incorporadas a los instrumentos correspondientes.
El puente que sigue absorbiendo recursos y preguntas
El caso más sensible vuelve a ser el puente de incorporación vial a la autopista México-Querétaro.
El proyecto arrancó en abril de 2021 durante la administración de Ángel Zuppa Núñez con una inversión anunciada de 154 millones 311 mil 690 pesos y un plazo previsto de ocho meses. Más de cinco años después, la obra continúa siendo objeto de cuestionamientos, retrasos y nuevas necesidades presupuestales.
Coberturas posteriores han recogido denuncias de regidores opositores que calculan que el gasto acumulado podría haber alcanzado o superado los 400 millones de pesos. Esa cantidad debe tratarse todavía como un señalamiento político y no como una cifra determinada mediante una auditoría pública consolidada; precisamente por eso resulta indispensable que el Ayuntamiento publique el costo acumulado oficial, contrato por contrato y ejercicio por ejercicio.
En agosto, además, medios estatales volvieron a documentar los reclamos ciudadanos por el retraso de la infraestructura vial y el impacto que mantiene sobre la movilidad de Tepotzotlán.
Ahora, durante la discusión del Programa Anual de Obras, Sandoval cuestionó que se pretendieran destinar nuevamente recursos relacionados con esta infraestructura, incluso para tareas de supervisión, mientras la obra continúa sin ofrecer un cierre financiero suficientemente claro a la ciudadanía.
El problema ya no es únicamente una obra inconclusa
La administración municipal tiene para 2026 un presupuesto aprobado de aproximadamente 965.3 millones de pesos, de los cuales cerca de 135.6 millones corresponden al capítulo de inversión pública. Con cantidades de esa magnitud, exigir anexos completos, montos individualizados y explicaciones sobre modificaciones presupuestales no puede reducirse a una disputa política dentro del Cabildo.
Es una obligación elemental de rendición de cuentas.
También llama la atención lo ocurrido cuando los ediles insistieron en obtener respuestas del director de Obras. Según el material entregado a este medio, la Secretaría del Ayuntamiento intentó reconducir la discusión señalando que se trataba de un punto para propuesta, discusión y eventual aprobación. Pero precisamente la palabra “discusión” implica que los regidores deben poder cuestionar, pedir documentos, debatir cifras y exigir explicaciones antes de emitir su voto.
La administración de María de los Ángeles Zuppa tiene una salida sencilla para acabar con las sospechas: publicar los anexos completos.
¿Cuánto cuesta cada obra? ¿Cuál era su presupuesto original? ¿Cuánto se está ampliando? ¿Qué fuente de financiamiento utiliza? ¿Qué avance físico y financiero registra? ¿Qué obras comenzaron antes de la autorización del Cabildo? ¿Cuánto se ha gastado realmente en el puente desde 2021? ¿Cuánto más falta?
Mientras esas preguntas no tengan respuestas documentales, el problema de Tepotzotlán ya no será solamente que existan obras inconclusas. Será que un gobierno que administra cientos de millones de pesos no logra explicar con claridad, ni siquiera frente a su propio Cabildo, cuánto está gastando y por qué necesita gastar más.