El Gobierno federal expresó su rechazo a las medidas cautelares dictadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de los recientes hallazgos en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos presuntamente relacionados con grupos del crimen organizado.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su administración envió una nota diplomática a la ONU en la que manifiesta su inconformidad con el procedimiento activado por el comité, al considerar que no existe desaparición forzada desde el Estado mexicano.
“Toda la vida hemos luchado contra la desaparición forzada. Eso no existe en nuestro gobierno. Lo que hay es un fenómeno de desaparición vinculado con la delincuencia organizada, y estamos haciendo todo lo posible para combatirlo”, subrayó la mandataria.
📩 Nota diplomática y postura oficial
El rechazo formal fue expresado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes consideran que la interpretación del Comité es incorrecta y parte de un desconocimiento del contexto mexicano.
“Hay mucho desconocimiento por parte de esta comisión internacional. Se les va a explicar a detalle cuál es el fenómeno que enfrentamos en México. Nuestro país no comete desaparición forzada desde el Estado”, puntualizó Sheinbaum.
El CED activó el pasado viernes un procedimiento urgente bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, solicitando información inmediata y medidas de protección por parte del Estado mexicano.
👮 Hallazgos en el Rancho Izaguirre: 15 detenidos
En relación con los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre, la presidenta informó que hasta el momento se han realizado 15 detenciones, mientras continúan las investigaciones a cargo de la fiscalía correspondiente.
La zona fue asegurada tras el hallazgo de restos humanos y evidencias de actividad criminal. Autoridades federales y estatales trabajan en la recolección de pruebas, identificación de víctimas y seguimiento judicial de los presuntos responsables.
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene una política de cero impunidad, en coordinación con las fiscalías, y que el objetivo principal es garantizar justicia y reparación para las familias de las víctimas.