El reconocido cantante de corridos Gerardo Ortiz se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por violar la Ley Kingpin, que prohíbe a personas y entidades realizar negocios con narcotraficantes designados y sus asociados. Ortiz admitió su participación en conciertos organizados por promotores vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos de México.
Según documentos judiciales, Ortiz reconoció haber actuado en al menos seis conciertos organizados por Jesús Pérez Alvear, conocido como “Chucho Pérez”, un promotor sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el CJNG. A pesar de las advertencias del FBI en 2018 sobre la prohibición de mantener vínculos comerciales con Pérez Alvear, Ortiz continuó realizando presentaciones con él, sumando un total de 19 conciertos en diversas ciudades de México, incluyendo Aguascalientes, Mexicali, Salamanca, Chiapas y San José Iturbide.
Este testimonio será crucial en el juicio contra su exrepresentante Ángel del Villar, propietario de la disquera DEL Records, quien enfrenta cargos similares por su presunta conexión con actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
El caso ha generado gran preocupación sobre la relación entre la industria musical, especialmente el género de corridos, y el crimen organizado, un tema recurrente en la música regional mexicana, conocida por sus letras que a menudo glorifican al narcotráfico. Las autoridades siguen investigando el nivel de involucramiento de figuras públicas en estas redes ilegales, mientras que el juicio de Ángel del Villar continúa su curso.