Lo que prometía ser un avance significativo para más de 600 familias desplazadas por el megaproyecto del Tren Interoceánico en Teapa, Tabasco, se ha convertido en una experiencia marcada por la precariedad y el abandono institucional.
Un total de 604 familias fueron reubicadas para liberar el paso al nuevo ferrocarril que sustituye al antiguo Tren Transístmico. El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), aseguró que otorgaría un subsidio de 581 mil 420 pesos por familia y entregaría viviendas nuevas en tres fraccionamientos: Bella Luz, Bosques de la Sierra y Sueño de Piedra.
Sin embargo, las viviendas fueron entregadas en condiciones deplorables: en obra negra, sin agua potable, con electricidad inestable, calles incompletas y sin alumbrado público. Los vecinos denuncian irregularidades y falta de respuestas por parte de las autoridades. “Vivíamos mejor antes. Ahora no tenemos agua, la luz falla y no hay escrituras. Nos dieron una garantía de un año, pero la Conavi no responde”, lamenta una habitante.
Uno de los problemas más graves es la falta de agua, que sólo llega mediante pipas dos veces por semana, insuficiente para cubrir las necesidades diarias, sobre todo con el calor extremo de la región. Además, las fugas de aguas negras generan un ambiente insalubre y pestilente que afecta la salud de la comunidad.
“El agua regresa donde lavo mis trastes, y es una pestilencia. Parece que la tubería está mal instalada”, relata una de las afectadas.
Por otro lado, el manejo de los recursos ha sido cuestionado. A pesar de un presupuesto oficial de 351.1 millones de pesos, muchos desplazados nunca recibieron apoyos para cubrir rentas durante la construcción de las casas. Más de 100 familias permanecen en zonas cercanas a las vías, sin ser reubicadas, y algunas tuvieron que buscar refugio en casas de familiares o pagar alquileres por su cuenta.
Los vecinos hacen un llamado directo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que atiendan la problemática y cumplan las promesas de una vivienda digna. “Queremos que nos den la cara, porque nos defraudaron”, expresan con indignación.
El caso evidencia el costoso impacto social y la urgente necesidad de supervisión y compromiso en los megaproyectos nacionales que buscan impulsar el desarrollo, pero que en ocasiones terminan por afectar gravemente a las comunidades desplazadas.