El Congreso del Estado de Puebla aprobó este miércoles una reforma al Código Penal para tipificar nuevos delitos digitales como el ciberasedio, la usurpación de identidad y el espionaje informático, con el objetivo de frenar conductas reiteradas de acoso y violencia digital, especialmente en el ámbito educativo.
La reforma, avalada con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención, establece penas de hasta tres años de prisión y multas de 300 UMAs (aproximadamente 33 mil pesos) para quien incurra en actos de ciberasedio.
El nuevo artículo 480 del Código Penal define el ciberasedio como:
“Quien a través de la utilización de medios digitales, de informática o TICs insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud”.
La presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, señaló que esta medida busca proteger la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes, y que no representa un intento por limitar la libertad de expresión.
Organizaciones advierten riesgo de criminalización
Sin embargo, organizaciones como ARTICLE 19 y la Red de Periodistas de Puebla advirtieron que la redacción de la ley carece de precisión legal y podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias, afectando el ejercicio del periodismo y el derecho a la libre expresión.
“Las definiciones utilizadas son amplias e imprecisas, lo que puede derivar en actos de acoso judicial contra periodistas, medios o ciudadanos que critiquen al poder”, señalaron ambas organizaciones en un comunicado conjunto.
También expresaron su preocupación por la tipificación de delitos como el espionaje digital y la usurpación de identidad, sin especificaciones claras sobre los elementos del tipo penal, lo que podría ser utilizado para frenar investigaciones periodísticas.
Respaldo del Gobierno estatal
El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, respaldó la iniciativa desde su presentación en noviembre de 2024. El entonces diputado y hoy coordinador del gabinete, José Luis García Parra, fue uno de los principales impulsores de la propuesta.
García Parra afirmó que la ley es una respuesta a los riesgos del entorno digital y busca brindar herramientas para sancionar delitos como el grooming, el fraude en línea y la suplantación de identidad, sin afectar derechos constitucionales.
Llamado a revisar la legislación
En su posicionamiento, ARTICLE 19 y la Red de Periodistas reiteraron que la protección de la infancia y la seguridad digital son fundamentales, pero no deben usarse como pretexto para vulnerar derechos civiles. Instaron al Congreso de Puebla a revisar nuevamente el contenido de la reforma para garantizar que respete los más altos estándares de libertad de expresión y debido proceso.
Según datos de ARTICLE 19, entre 2018 y 2024 se han documentado 22 procesos judiciales contra periodistas en Puebla, lo que evidencia un contexto preocupante para el ejercicio de la prensa libre en la entidad.