El caso de Domingo Ortuño Maldonado, quien ha permanecido durante años como dirigente de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSSA) en el Estado de México, es un símbolo alarmante del abuso del poder sindical en el sector público. Su permanencia no refleja liderazgo ni compromiso con la base trabajadora, sino la consolidación de un esquema de intereses personales, nepotismo y presunta corrupción que ha sido denunciado reiteradamente por quienes laboran en el sistema de salud.
Lejos de ser una figura de defensa laboral, Ortuño ha sido señalado por una serie de actos que deben ser motivo de investigación: suplantación de funciones, tráfico de influencias, enriquecimiento inexplicable, comercialización de plazas laborales, extorsión, falsificación de documentos y abandono de responsabilidades. Todo ello, según las denuncias, con el aparente encubrimiento o la omisión de funcionarios de la Secretaría de Salud del Estado de México.
Una de las acusaciones más graves apunta a la ocupación de una plaza técnica en Regulación Sanitaria sin contar con la formación académica requerida. De acuerdo con los testimonios, habría utilizado documentos ajenos para justificar su ingreso, lo cual constituye una falta grave y, posiblemente, un delito federal. Este hecho evidencia la debilidad de los mecanismos de control para el acceso a cargos especializados, y pone en entredicho la calidad y seguridad del servicio público de salud.
El entramado de poder que rodea a Ortuño no termina en su figura. Existen señalamientos sobre la incorporación de familiares directos a plazas de confianza sin que éstos se presenten a laborar, así como de personas que cobran simultáneamente en dependencias estatales y municipales, como en el caso del ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza.
Asimismo, se ha denunciado que empresas supuestamente vinculadas a su círculo más cercano proveen insumos médicos y uniformes, mientras que ciertas jefaturas en Regulación Sanitaria habrían recurrido a la extorsión de empresarios del sector. Este conjunto de elementos configura un sistema de corrupción operando con total impunidad.
Las prácticas internas de la sección sindical bajo su mando han sido descritas por los trabajadores como mecanismos de control autoritario: represalias, intimidaciones, cambios injustificados de adscripción y cobros ilegales por plazas laborales. Las cifras reportadas por quienes han intentado denunciar estas prácticas oscilan entre 40 mil y 100 mil pesos por una plaza, según el perfil y nivel. Más allá de lo reprobable en términos éticos, estos actos constituyen delitos que deben ser investigados.
La gran interrogante sigue siendo: ¿cómo pudo sostenerse este esquema por tanto tiempo sin consecuencias legales o administrativas?
Este caso no puede seguir siendo ignorado ni relegado por el miedo o la indiferencia. Es necesario que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General del Estado actúen de forma inmediata. A su vez, corresponde a la Secretaría de Salud estatal, encabezada por Macarena Montoya, tomar una postura clara y deslindarse de cualquier relación con estos actos, demostrando con hechos su compromiso con la legalidad.
México necesita replantear de fondo el papel del sindicalismo. Hoy más que nunca, es indispensable recuperar la esencia de la representación gremial como instrumento de defensa legítima de los derechos laborales, y no como una plataforma para la corrupción o el clientelismo. Mientras figuras como Domingo Ortuño permanezcan impunes, se vulneran no sólo los derechos de los trabajadores, sino también la credibilidad del sistema de salud ante la ciudadanía.
Este capítulo debe cerrarse con justicia y transparencia, no con simulaciones. La exigencia es clara: acciones concretas, sanciones ejemplares y un nuevo horizonte de dignidad para quienes sostienen con su esfuerzo el sistema de salud del Estado de México.