El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, anunció este martes que una Corte de Estados Unidos lo ha exonerado de la denuncia que lo acusaba de haber adquirido, de forma ilícita, al menos 50 propiedades en territorio estadounidense, con un valor aproximado de 25 millones de dólares.
Duarte, quien enfrenta diversos procesos legales en México por presunta corrupción durante su mandato (2010-2016), aseguró que la resolución del tribunal estadounidense demuestra que las acusaciones promovidas por el exgobernador Javier Corral carecían de fundamento legal.
“Siempre sostuvimos que estas denuncias eran parte de una persecución política basada en mentiras. Hoy, la justicia estadounidense confirma nuestra versión”, declaró el exmandatario priista en conferencia de prensa junto a su equipo jurídico.
Según detalló Duarte, una de las propiedades que se le atribuía como parte de ese supuesto patrimonio ilícito —un departamento en EE.UU.— en realidad fue rentado hace 30 años por uno de sus hermanos para que sus sobrinos pudieran estudiar la universidad, desmintiendo así las versiones que circularon en su contra.
Asimismo, señaló que el propio gobierno federal mexicano, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, firmó acuerdos con el entonces gobernador Corral para investigar sus bienes en el extranjero. Paradójicamente, afirmó Duarte, eso terminó beneficiándolo, ya que las indagatorias internacionales mostraron que no había pruebas suficientes para vincularlo con las propiedades señaladas.
Hasta el momento, autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre la resolución judicial en Estados Unidos. Sin embargo, abogados del exgobernador anticiparon que esta decisión podría ser utilizada como elemento clave en su defensa dentro del proceso penal que enfrenta en México, donde permanece bajo investigación por delitos relacionados con peculado y enriquecimiento ilícito.
Duarte fue detenido en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México en junio de 2022, donde ha enfrentado diversos procesos legales relacionados con el presunto desvío de recursos públicos durante su administración.